Menos del 10% de instituciones públicas no entregaron oportunamente sus estados financieros

Un total de 199 instituciones públicas no cumplieron con entregar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública la información requerida para realizar el análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos y patrimoniales del Estado.

Así lo informó el Contralor, Fuad Khoury Zarzar, durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde expuso los resultados de la Auditoria a la Cuenta General de la República del año 2009.

Precisó que el análisis se realizó sobre un universo de 2 mil 347 entidades públicas de las cuales 199, están en condición de omisas, porque no remitieron sus estados financieros, y otras 60 lo hicieron fuera del plazo establecido. Detalló que la mayoría de las instituciones omisas son gobiernos locales, empresas estatales, beneficencias, universidades nacionales e institutos públicos.

El 30.9% de las entidades dijo no haber cumplido con entregar la información porque tuvo problemas con su conexión a internet o por causa de problemas climáticos, un 26% sostuvo que afrontó dificultades con el Sistema Integrado de Administración Financiera y otro 20% culpó a sus contadores. Un 4% no dio explicación alguna.

El Contralor indicó que en el caso de las entidades omisas se han efectuado acciones de control que han determinado responsabilidad administrativa funcional de los alcaldes, contadores, y en algunos de los gerentes municipales. Dijo que en el caso de los alcaldes existe una limitación legal sobre cuál es el ente encargado de aplicarles una sanción y lo mismo ocurre con los contadores porque en su mayoría se trata de locadores de servicio que no forman parte del personal de la institución auditada.

Insistió que el marco normativo vigente no permite aplicar sanciones a los titulares de Pliegos Presupuestarios que incumplan con las obligaciones y responsabilidades vinculadas con la presentación de la información financiera y presupuestal y sugirió al Congreso evaluar y proponer iniciativas legislativas que permitan dar solución a este vacío legal existente.

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