Registro de peatones multados será de acceso público

En la reciente modificación del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, se declara de acceso público la relación de peatones sancionados y la inscripción de las multas impagas en las centrales de riesgo.

El 16 de agosto fue publicado el Decreto Supremo que modifica el Texto Único Ordenado (T.U.O.) del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por D.S. N° 016-2009-MTC; el Decreto Supremo N° 029-2009-MTC y el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehículos Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo N°040-2008-MTC.

El Código que establece normas que regulan el uso de las vías públicas terrestres, aplicables a los desplazamientos de personas, entre otros; cuyo T.U.O. establece la clasificación, tipificación y calificación de las infracciones.

Denuncia por medios probatorios

Se ha precisado los requisitos y procedimiento de levantamiento de la infracción de tránsito para el peatón por denuncia de personas a través de medios probatorios fílmicos, fotográficos u otros similares.

En la papeleta por comisión de infracción de tránsito debe estar entre los requisitos mínimos los datos de identificación del testigo, con indicación de su documento de identidad nombres y firma, la descripción del medio probatorio fílmico, fotográfico u otro similar aportada por el testigo.

El denunciante deberá señalar la identidad del infractor y realizar la denuncia dentro de las 48 horas luego de la comisión de la infracción.

Infracciones detectadas por medios electrónicos y similares

En el levantamiento de papeleta, tratándose de infracciones detectadas mediante la utilización de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos que permitan detectar la comisión de la infracción, el efectivo policial deberá dejar constancia del hecho en la misma papeleta.

El peatón puede solicitar el documento que acredita su infracción, y en caso de no hacer la solicitud, la autoridad competente notificará el documento al peatón cuando este último presente su recurso administrativo en el procedimiento administrativo sancionador.

Registro de infracciones

El artículo 322° estipula que el Registro Nacional de Sanciones por infracciones al Tránsito Terrestre permitirá contar con la relación de peatones sancionados. El registro será de acceso público, a través del portal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Cada sanción registrada desde que este firme en sede administrativa, tendrá una vigencia de 24 meses, cuyo vencimiento del plazo procede al borrado del registro.

Inscripción en Centrales de Riesgo

Además de las acciones legales correspondientes, las sanciones pecuniarias firmes impuestas por la comisión de infracciones de tránsito terrestre que se encuentren impagas, serán inscritas en las centrales de riesgo pro las autoridades competentes.

Protección de datos personales

En el levantamiento de papeleta, tratándose de infracciones detectadas mediante la utilización de medios electrónicos se solicita la identificación del presunto infractor, lo cual solo sería posible si el testigo denunciante es un conocido del infractor o se forme grupos especializados en obtener dicho datos accediendo a información de bases de datos que tienen otras finalidades.

Asimismo, se facilita al presunto infractor el documento de la infracción donde apreciará el nombre del testigo denunciante, lo cual puede acarrear futuras revanchas. Criterios como estos, aunque mínimos y teóricos al presente, en un futuro próximo en el ejercicio del Código, se podría presentar diversos casos de tratamiento desleal de los datos generados. Por otro lado, se debería prever la cancelación del registro en caso de pago íntegro de la multa impaga que originó la inscripción.

Criterios que son recogidos en los principios de protección de datos del Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales del Perú, el cual aun sigue en comisión del Congreso. Esperemos que su estadía no sea larga que la torne ineficiente, sino sea debatida y aprobada en la debida prontitud prudente, a fin de evitar usos desleales e ilícitos de los datos personales de los ciudadanos y generar normas relacionadas respetuosas de este derecho constitucional.

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