Los piratas del azúcar

Comentario del Instituto Peruano de Economía

Un nuevo lobby se estaría “cocinando” en el Congreso a favor del grupo Oviedo, el cual pretendería adquirir las acciones que el Estado posee en diversos ingenios. Así lo denunció el presidente del Comité de Trabajadores y Accionistas de Tumán. (Perú 21, 01/07/2010)

Considerando que los intereses a favor de mantener el statu quo en la industria azucarera siguen representados en varias agrupaciones políticas y que el tema se decidirá en la Comisión Permanente -en la que un pequeño grupo bien organizado puede prevalecer sin siquiera tener que negociar, a diferencia del pleno del Congreso en que el debate es más transparente y mucho menos expeditivo- parece más probable que se apruebe la ley que limita la propiedad agrícola en la costa.  Perú.21 cita al MINAG, Indecopi, SNI y ADEX entre los expertos que han cuestionado el proyecto. Quisiéramos añadir un par de comentarios fundamentados en principios económicos, además de sugerir cómo reformar el sector azucarero.

La deseabilidad de la intervención del Estado en una actividad, como la azucarera, requiere, entre otras cosas, que e>p align=”justify”>xistan fallas de mercado que deban ser corregidas. Aparentemente se arguye que existe la denominada falla de la competencia o monopolio natural. Para que se presente esta falla debe ser cierto que una sola empresa será más eficiente que dos o más, es decir: un fundo de 80 mil hectáreas será más rentable que dos de 40 mil. Segundo, costos hundidos: la mayor parte de la inversión en campo, ingenio (y destilería) no sería recuperable una vez concretada; no hay un mercado de “segunda mano” para dichos activos. Estas dos condiciones no se dan en el sector azucarero y la intervención mediante la limitación propuesta al tamaño de la propiedad tampoco resolvería estos problemas si es que existieran.

Si la justificación de la intervención fuese que existe un abuso de posición de dominio, cualquier participante del mercado tendría que solicitar a Indecopi que lo investigue, y en caso lo encuentre, lo sancione. Nunca entendimos la lógica económica de la exagerada reacción de las autoridades al aumento de precios del azúcar de hace unas semanas. Adquiere sentido politiquero, no político, ahora que vemos una actuación aparentemente bien coordinada de varios congresistas.

Si no viviéramos en el mundo bizarro de la política peruana, ocurriría algo como lo siguiente. El Congreso investigaría las condiciones en que dos grupos se hicieron de la administración judicial de tres empresas azucareras. El Ejecutivo evaluaría una estrategia legal para atraer inversionistas serios, si bien seguramente menos mediáticos que estos piratas del azúcar, a estas azucareras. Si la encontrase, promovería inversión de nuevos capitales en la industria azucarera, para fomentar la mayor competencia que sea posible. Algunos grupos, nacionales y extranjeros, se interesaron por estas empresas, pero desistieron al enfrentarse al nudo gordiano con el que los protegen tremendos jueces y políticos. El gobierno podría añadir también a Cayaltí, administrada por la Fiducia, en este esfuerzo. Como resultado de este proceso tendríamos el capital más difundido, una industria más competitiva y no seguiríamos premiando a aventureros, bien conectados políticamente y bien representados mediáticamente.

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